LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

¿Qué pasó con lo que AMLO ofreció durante su campaña presidencial?

 

AL FILO DE LA NAVAJA
Por Raúl Ramírez Baena *

En los tres últimos sexenios, los recursos para la Seguridad Pública han destinado a la persecución de los delitos en promedio el 80 % del presupuesto; para la prevención se destina menos del 1 % y para la reinserción social, casi el 20 %.

Lo anterior demuestra que, en las políticas de seguridad seguidas por los tres órdenes de gobierno, hasta hoy, ha dominado el pragmatismo y el inmediatismo de gobiernos reactivos que sólo buscan resultados y estadísticas, en lugar de prevenir las causas estructurales de la inseguridad y el crimen y de regresar a la sociedad a personas de bien después de cumplidas sus sentencias.

Habrá que enfatizar la progresiva y creciente participación de la Sedena y la Semar en tareas de Seguridad Pública. Basta recordar que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, la Sedena aumentó en 16.7 por ciento su presupuesto con relación al 2017, y la Semar, un 18.9 por ciento para el mismo lapso.

Durante la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador propuso reactivar la Guardia Nacional a la vez que ofreció el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de Seguridad Pública. Hoy modifica radicalmente su oferta al disponer una Guardia Nacional militarizada mediante sendas reformas constitucionales para dar legalidad a esa medida. ¿Qué pasó entonces?

En este contexto, el régimen actual vuelve a la misma fórmula de los fracasados proyectos anteriores de Seguridad: en la iniciativa de Presupuesto de Egresos para el año 2019, Morena y sus aliados proponen aumentar en 15.5 por ciento a la Sedena con relación al 2018, lo que representa el mayor presupuesto para esta dependencia desde el año 2010. En cambio, para la Secretaría de Marina hay una reducción del 9 por ciento de su presupuesto, la dependencia militar favorita de Peña y de los EUA.

En el nuevo Presupuesto de Egresos, más delicado aún es la reducción del 9.1% a la PGR, próxima Fiscalía General de la Nación, encargada de la investigación de los delitos. Para Reclusión y Readaptación Social, una reducción de 411 millones de pesos menos que en el 2018; para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se reducen mil millones de pesos. Se recorta también Plataforma México, la base nacional de datos contra el crimen.

De esta manera, igual que las fracasadas estrategias anteriores, se privilegiará la operación directa en el combate al crimen y la inseguridad, pero ahora a través de la nueva Guardia Nacional conformada por policías militares, policías navales y policías federales (la PF desparecerá), desairando la función policial en la prevención de los delitos y la reinserción social de los presos.

Legalizar la militarización de la Seguridad Pública

Así, lo único que cambia con respecto a los regímenes de Calderón y Peña Nieto en lo relativo a la Seguridad Pública, es la conformación de una Guardia Nacional que sólo cambia de uniforme, de militar a civil. El punto más cuestionado por los organismos de derechos humanos es que la militarización de la seguridad no ha dado resultado hasta ahora, provocando que los delitos se hayan incrementado en el país, así como las violaciones a los derechos humanos, y no se ve que en el proyecto de la Cuarta Transformación esto vaya a cambiar.

La nueva propuesta no contempla un plan integral para recuperar a las policías preventivas municipales y estatales, qué hacer con ellas, como depurarlas sin violar los derechos de los policías que, por lógica, ahora estarán sometidas a mandos militares ajenos a las funciones preventivas de los delitos. Menos aún se proyecta en el nuevo gobierno la adopción del paradigma de la Seguridad Ciudadana.

Las fracciones de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión van por reformar 13 artículos de la Constitución para legalizar a la Guardia Nacional militarizada, algo que ni Calderón y Peña Nieto se atrevieron a hacer. Uno de los puntos más sensibles es la reforma propuesta al artículo 129 Constitucional que dispone que, “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. A ello le agregarán el texto: “excepto la Guardia Nacional”, o algo así.

Muy delicado: en México, el 95 % de los delitos no se investigan. Sin embargo, contrario a los estándares internacionales que establecen que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, el gobierno ha propuesto en el Congreso federal ampliar el catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, como robo a transporte de carga, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, extorsión, robo a casa habitación y corrupción, entre otros.

En México es común que se fabriquen culpables. Las autoridades siembran armas o imputan delitos no cometidos, por lo tanto, la propuesta de ampliar los delitos que merezcan prisión preventiva sólo engrosará la población carcelaria, a pesar de que el sistema penitenciario, con una reducción presupuestal en 2019, está hoy “quebrado” al exceder su capacidad en un 120 por ciento.

A pesar de lo anterior, si se somete a consulta la participación militar en Seguridad Pública y ampliar los presuntos delitos que merezcan prisión preventiva, el resultado sería abrumadoramente a favor. ¿Qué podemos esperar de lo que viene?

 

* Raúl Ramírez Baena  es Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, y colaborador de Bitácora Cultural desde hace más de 10 años.

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